El juez Recarey resolvió el 24 de junio hacer lugar a la imposición de una medida cautelar de no innovar y emitió una sentencia que ordenó a OSE no suscribir el contrato con el consorcio Aguas de Montevideo, para la construcción de una nueva planta potabilizadora en la zona de Arazatí para abastecer de agua potable al área metropolitana.
Entre los argumentos del tribunal de apelaciones, está que el magistrado «violentó las garantías del debido proceso generando vulneración al derecho de Defensa.
El tribunal también resolvió el apartamiento del juez de la causa